>>>Representantes de diversos sectores emiten sus posturas y propuestas en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 05/04/2025. —En el Congreso de Yucatán se realizaron mesas de trabajo para escuchar a colectivos que están en favor y en contra del aborto en la entidad, pues, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia.
Estas mesas fueron parte del Parlamento Abierto que se realizó, con el fin de las voces de la población yucateca y conocer sus inquietudes, necesidades, visiones y propuestas de la ciudadanía.
La presidenta de la comisión de Justicia y Seguridad Pública, diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez (MORENA); la presidenta de la comisión de Salud y Seguridad Social, diputada Clara Paola Rosales Montiel (MORENA), la presidenta de la comisión de Igualdad de Género, diputada Larissa Acosta Escalante (MC).
Así como el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (MORENA), comisiones en las que se acordó anteriormente realizar este mecanismo de parlamento abierto.
El Congreso de Yucatán tiene la obligación de cumplir con la sentencia del amparo 274/2024, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena despenalizar el aborto en el estado y legislar sobre el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Esto conlleva que el tema ya no sea una decisión o discusión política o moral, sino un mandato legal.
Cumplir con el amparo no es opcional: ya que la Corte ha ordenado al Congreso realizar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la despenalización del aborto, y concluirlo durante el actual periodo de sesiones. No hacerlo implicaría desacato a una resolución judicial
Vale la pena señalar, que, en su resolución, la Corte estableció que al legislar el Congreso Local debería observar parámetros razonables para llevar a cabo un procedimiento de interrupción de embarazo; así como guiarse por los establecidos en otras entidades donde se ha instrumento el derecho a decidir como Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, donde la legislación contempla esta posibilidad hasta las doce semanas.
Hay que acotar que el derecho a decidir no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, por lo mismo, en el caso del aborto forzado el Congreso también está analizando los mecanismos para proteger a este sector frente a situaciones donde se les vea obligadas a abortar sin su consentimiento, o mediante el engaño y el uso de violencia; por lo que los diputados inclusive se encuentran evaluando el aumento en las penas para este tipo de casos.
