A.R.
Mérida, 25/05/2022.- De manera unánime, el Congreso del Estado aprobó la creación de la Ley de Desarrollo Social de Yucatán con el objetivo de fortalecer las acciones para revertir la pobreza en la entidad, iniciativa presentada por estudiantes de la Facultad de Derecho e impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI.
La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, Karla Franco Blanco, declaró que se ha cumplido con saldar una deuda histórica de cara a institucionalizar una política local que garantice la justicia social para los que menos tienen.
La diputada priísta destacó que un grupo de 85 estudiantes idealistas de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) fueron quienes propusieron esta ley. Recalcó que se arriesgaron, lucharon e invirtieron tiempo y esfuerzo para cumplir con el valor ciudadano de promover una iniciativa popular, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), la cual fue respaldada por cerca de 5 mil firmas.
“Sus motivos fueron claros, contribuir al mejoramiento de la sociedad, garantizando la igualdad a todas las personas, y fomentar una política pública, eficaz y equitativa con una visión integral donde, ciudadanía y gobierno, coadyuven en herramientas para el mejoramiento tanto en lo individual, como en lo colectivo, de los sectores más vulnerables”, enfatizó la legisladora ante las y los estudiantes presentes en el Pleno del Congreso.
También resaltó que para la creación de esta ley se cumplió con los principios del Parlamento Abierto al abrirse un micrositio en la página del Congreso para recabar comentarios, propuestas y sugerencias por parte de la sociedad.
Además, la Comisión que preside realizó una reunión de trabajo en la Facultad de Derecho con las alumnas y los alumnos, para escuchar de manera directa el origen, los antecedentes, estudio y motivación de su iniciativa.
Desde el Pleno del Congreso, Karla Franco sostuvo que Yucatán dejará de ser la única entidad del país sin una Ley de Desarrollo Social, y que ahora se cuenta con un instrumento funcional y apegado a los derechos fundamentales para prevenir, combatir y eliminar la pobreza y marginación.
La diputada explicó que esta nueva ley consta de 64 artículos, la cual plantea una presupuestación progresiva para las políticas de desarrollo social, con la intención de que nunca sea menor al ejercicio fiscal anterior. También establece indicadores de medición e inversión de infraestructura social básica en zonas de atención prioritaria para disminuir la pobreza y la pobreza extrema.
De igual forma, la creación de una comisión intersecretarial que tenga la responsabilidad de integrar un Padrón Único de Beneficiarios que permita redirigir las acciones hacia una política integral objetiva, alejada de manejos opacos en la conducción de la política social.
Asimismo, que exista un consejo consultivo integrado por ciudadanos del sector académico, científico, cultural y social que participe en la creación de programas y estrategias que coadyuven a la política social de desarrollo.
De igual forma, la creación de la contraloría social como un mecanismo ciudadano, integrado por beneficiarios y sociedad civil organizada, para vigilar y dar seguimiento a la aplicación, ejecución y asigna
