>>>El documento fue presentado ante el Congreso de Yucatán y que debe ser analizado por los 35 diputados.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 07/03/2025. —Inicia nuevamente el proceso por el colectivo Activista de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Yucatán (AMISY) para evitar que el actual magistrado Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova, sea destituido del cargo y evitar que sea candidato en la próxima jornada electoral del Poder Judicial estatal.
Mendoza Casanova, es magistrado decimocuarto de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil.
El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Congreso yucateco, y dirigido a los coordinadores de las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo, el PAN y Movimiento Ciudadano.
“Revise el proceso de designación del actual magistrado Luis Armando Mendoza Casanova, en virtud de que este ha cometido el delito de violencia familiar. Según así consta en la denuncia de fecha 9 de marzo del año 2015, por quien en su momento fue su esposa”
“Y actualmente se desempeña como Juez de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Jazmín Ojeda Alayon; en esa misma denuncia, la víctima expresó que existe otra denuncia que presentó por hechos que de igual forma son constitutivos del delito de Violencia Familiar”, dice el documento.
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El colectivo solicita que se aplique la Ley 3 de 3, debido a los antecedentes del funcionario del Poder Judicial.
“Fue oportunamente manifestado ante la legislatura 2021-2024, así como al entonces titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Vila Dosal, sin embargo, con la complicidad de esos dos Poderes y con el encubrimiento de magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado, así como por quien representa a la fiscalía, no obstante haber cometido los delitos de Violencia Familiar, fue designado magistrado, en contravención al artículo 65 de nuestra Constitución Local”, dice el documento.

Incluso AMISY recordó que en la pasada legislatura, que una sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, realizada el 15 de julio del año 2024, consta que durante la discusión de su nombramiento, la magistrada Leticia Cobá Magaña, advirtió que él, no tiene honorabilidad para ocupar puestos en el Poder Judicial: “ya que dicha magistrada hizo referencia en que existen dos expedientes penales, el 06-1514-2000 y el B1-372-2015, que dan cuenta de las denuncias que fueron presentadas por dos víctimas de violencia cometidas por Luis Armando, por lo que con esos antecedentes no debió ser postulado, ni consejero de la Judicatura, ni nombrado magistrado”.
Además, en el documento el colectivo recuerda que el magistrado, cuando era juez, por un caso de delitos sexuales: “asentó que si bien las pruebas aportadas eran suficientes para demostrar el cuerpo del delito de violación equiparada agravada en contra de una niña, los elementos probatorios de la Fiscalía de ninguna forma eran idóneos para demostrar, sin dudas, la plena responsabilidad del implicado, por lo tanto, el ahora magistrado dejó libre al violador de la niña”.
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Debido a esta sentencia el caso fue revisado en segunda instancia: “cuya sentencia fue motivo de apelación y, por tanto, se creó la Toca 153/2019, de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia que revisó la apelación de la sentencia, donde consta y aparece que el entonces juez determinó que “el único elemento que gravitaba en contra del enjuiciado era la declaración de la menor; pero que esta declaración, en la que la ofendida hace ‘declaraciones muy severas al inculpado, requiere para corroboración, que estén determinadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito, así como que existan en autos medios de convicción inequívocos de la participación del acusado”.
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El colectivo pide a los 35 diputados que consideren que no sea tomado en cuenta en el proceso de elección para elegir a los nuevos magistrados que se realizarían en el mes de junio debido a la reciente reforma del Poder Judicial de Yucatán.



