29/09/2021, MÉRIDA. — El diputado del PRI en el Congreso de Yucatán, Gaspar Quintal, presentó una iniciativa de ley para tener un castigo más severo por acciones realizadas con enfoque de tortura; se recordó el caso de Jesé Eduardo, el joven veracruzano que presuntamente fue agredido por elementos de la Policía Municipal de Mérida.
“Pasado día 6 de agosto en el que José Eduardo Ravelo Echavarría murió a causa de actos susceptibles de constituir tortura, abuso sexual y lesiones, ha considerado imprescindible procurar la no repetición, adoptando las medidas legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas en Yucatán”, mencionó
Recordó que la práctica de la tortura está prohibida de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional.
“Se constituye como un derecho humano a no ser torturado, ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana; y cuya vigencia se constituye como uno de los principales problemas actuales en el Estado mexicano, conforme lo manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su quinto Informe de Seguimiento de recomendaciones formuladas a nuestro país, correspondiente al año 2020”, dijo el diputado.
Recordó que, en el 2020, un informe de la Comisión de Derechos Humanos, se explicaba de la muerte de cinco personas donde estuvieron presentes estatales y municipales:
• De un pescador progreseño, a quien se le aprehendió en el mes de febrero acusado de narcomenudeo quien murió camino a la sede de la Policía Estatal.
• El caso sucedido en el municipio de Chacsinkín, en donde una persona fue encontrada colgada de un árbol, y a quien al realizarle una segunda autopsia, el resultado fue que tenía múltiples golpes en el cuerpo por lo que murió a consecuencia de los mismos, además de que familiares señalaron que al occiso lo habían golpeado y torturado en varias ocasiones por policías municipales.
• El ocurrido en la carretera Mérida-Tixkokob, en donde una persona con discapacidad mental falleció al ser atropellado por una patrulla perteneciente a la Policía Estatal.
• El cuarto caso, se tiene el de una persona que apareció muerta en la vía Hunucmá-Sisal a las veinticuatro horas de haber sido detenido por agentes del sector poniente de la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia Mulsay de la ciudad de Mérida.
• El último, la muerte de una persona en el proceso de detención efectuada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en el puerto de Progreso.
Por lo que propone que se cambie la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán para considerar como falta administrativa grave responsabilidades administrativas de servidores públicos y de particulares vinculados con actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, como graves las siguientes: la abstención de una denuncia y el negar acceso a autoridades que así tengan la atribución como la CODHEY realicen acciones de inspección en lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad, siendo una innegable obstrucción de la justicia.
Que se adiciona la fracción XII del artículo 26 y se reforma el tercer párrafo del artículo 31 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para dotar de la atribución del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, dando cumplimiento al título quinto “de la Prevención de los delitos” de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Adicionalmente, los integrantes de las instituciones policiales tendrán las obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se crea la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos crueles inhumanos y degradantes atendiendo el mandato de la Ley General y bajo la competencia prevista.
Por último, la Ley de Salud del Estado de Yucatán para dotar de competencia de la Secretaría de Salud de realizar actos preventivos e identificación de posibles casos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes.
