A.R.
MÉRIDA, 07/04/2022. -La diputada Karla Franco Blanco (PRI), entregó una iniciativa a la mesa directiva en el Congreso de Yucatán, para reformar el Código de Familia para el Estado de Yucatán y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, en materia de supervisión y cuidado sujetos a tutela pública.
“Todo cambio legislativo que impulse una mayor protección de la infancia y la juventud de Yucatán, debe ser prioridad y de máxima diligencia por esta Legislatura”, dijo la legisladora.
Explicó que se tiene el compromiso y una responsabilidad popular, sino porque es un mandato Constitucional en el que estamos obligados a fomentar, robustecer y garantizar en todos los sectores públicos o privados.
Franco Blanco, dijo que la reforma del año 2011 en materia de Derechos Humanos, fue un —parteaguas— para todas las autoridades en el Estado Mexicano; el bloque de constitucionalidad fijó la base mínima para la materialización y garantías de protección a los derechos fundamentales.
De ahí que se pueda afirmar que, a partir de ese año, en todos los niveles gubernamentales nos encontramos obligados a impulsar y proteger los derechos humanos.
La iniciativa presentada con un espíritu garantista para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la entidad.
“Misma que marca una diferencia positiva, la cual habrá de maximizar el Interés Superior de la Niñez y obligará a que las autoridades en la entidad brinden mayor protección a la infancia y juventud, especialmente a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en Centros de Asistencia Social bajo la tutela estatal”,
“De ahí que sea necesario hacer mención que hasta mediados del año 2021, en México, se contabilizó poco más de 30 mil niñas, niños y adolescentes en espera de ser adoptados y que se encuentran en casas hogar y centros asistenciales con la supervisión de las autoridades administrativas de sistemas integrales de la familia; tales cifras corresponden a lo informado el año pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, dijo.
Detalló que las fracciones de adopciones a nivel nacional no son negativas, ya que, según información vertida en diversas notas oficiales, nos dicen que del año 2016 al 2021, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia reportó cerca de 50 adopciones; una cifra muy baja por periodo previamente citado.
“Sabemos que los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes tiene y debe ser un procedimiento riguroso que de certeza y seguridad a los menores que han de integrarse a un nuevo núcleo familiar; sin embargo, las legislaciones a nivel nacional presentan, en cada entidad, diversos parámetros que impiden llevar a cabo procesos más rápidos y dinámicos”, agregó.
En Yucatán, en diversos casos judiciales y problemáticas familiares se dan supuestos que facultan y autorizan a los jueces a retirar o suspender la guardia y custodia, así como la patria potestad de menores de edad.
“Cuando ocurre ello, los menores de edad son puestos bajo la figura de tutela pública a cargo del Estado, es decir, las y los jueces determinan que un menor de edad o adolescente sea admitido a un Centro de Asistencia Social donde se salvaguarde su integridad, su dignidad y se vele por sus derechos”, detalló.
El más icónico en Yucatán, es el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo o CAIMEDE; en tal centro se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes sujetos a tutela pública, ya sea por abandono, violencia en el núcleo familiar o porque están a la espera de ser adoptados. Es decir, se encuentran en un proceso judicial o administrativo de índole familiar.
“Lamentablemente, en los últimos años, es común leer tanto en medios informativos como redes sociales que existe una falta de vigilancia y control de dicho centro y otros en donde se encuentran menores de edad; es preocupante enterarnos que, en el interior, se pudieran dar actos u omisiones en contra de la integridad de quienes deberían tener todas las garantías por estar bajo la tutela estatal”, dijo.
Por eso se presentó la reforma que al Código de Familia y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Los cambios que proponemos se pueden resumir en acciones concretas y puntuales:
• Que los jueces tengan un mayor control del estado que guardan los menores, sujetos a tutela pública.
• Que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realice visitas de supervisión de manera mensual a los centros, en compañía de diversas autoridades en la materia, y No periódicamente como establece la legislación actual.
“De aprobarse esta iniciativa, los órganos jurisdiccionales podrán pedir información en cualquier momento sobre los menores de edad y adolescentes de los que han otorgado tutela pública; y las supervisiones de la autoridad administrativa a los centros ya no quedarían sujetos a una periodicidad no especificada, sino que sería obligatorio realizarla mensualmente para conocer, de manera directa, lo que pase a esas personitas que por diversas situaciones se hallan bajo tutela estatal”, dijo con voz firme la legisladora priista.
La diputada insistió, que se tiene una responsabilidad para fomentar las herramientas garantistas en aras de una mayor protección a la infancia y la juventud.
“No podemos dejar de mencionar que se habla de la construcción de un nuevo CAIMEDE; tristemente las problemáticas no se solucionan solamente con nueva infraestructura; de nada servirá si la ley no atiende el problema”, finalizó.
FOTOS: ALEJANDRO RUVALCABA.
