Por Alejandro Ruvalcaba.
MÉRIDA, 25/01/2022. —En el monumento a La Patria en Mérida, periodistas locales se manifestaron debido a los actos de violencia que se han registrado; es decir, los últimos dos asesinatos ocurridos en Tijuana, en agravio de Margarito y Lourdes.
Unos 50 reporteros, fotógrafos, camarógrafos se manifestaron, recordando las agresiones contra los comunicadores; la última ocurrida la agresión de Jaime Vargas, ocurrida en su casa.
Se leyó un posicionamiento:
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
FISCALÍAS DE TODOS LOS ESTADOS
GOBIERNOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y VERACRUZ
MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
EMPRESAS PERIODÍSTICAS
México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo con la ONU y organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial, como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras.
Tan sólo en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores y comunicadoras.
A sólo 23 días de que inició este 2022, ya había tres periodistas asesinados:
- José Luis Gamboa, 10 de enero, Veracruz
- Margarito Martínez Esquivel, 17 de enero, Tijuana
- Lourdes Maldonado, 23 de enero, Tijuana
Artículo 19 ha documentado del año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa. Del total, 136 hombres y 12 mujeres.
Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad. Matar a un periodista en México, es como matar a nadie: lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías estatales y la federal, para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.
En el territorio mexicano, la violencia de Estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades.
En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.
Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.
Casos como el de Lourdes Maldonado, quien notificó públicamente al Mecanismo federal y estatal que temía por su vida, ponen en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados, sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.
Sumado a la inseguridad y la falta de resolución de los asesinatos de colegas periodistas, está la precarización laboral, pues las y los periodistas están ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan.
Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia mañanera a solicitarle a López Obrador ayuda por un juicio laboral que ganó recientemente contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Apenas celebraba este triunfo, cuando fue asesinada cobardemente.
Así, en México no contamos con condiciones dignas para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día, por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto.
Tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos protejan de morir mientras mantenemos informada a la población. Todo esto mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias.
Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio, que no ha sido asumida. Ante este panorama, periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia.
Estamos convencidas, convencides y convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad. Es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado.
La seguridad de las, les y los periodistas también es responsabilidad del Estado, el cual nos debe garantizar todas las condiciones para ejercer nuestra labor con dignidad y sin que nuestra vida corra peligro.
Demandamos el inmediato esclarecimiento de todos los asesinatos de periodistas.
Exigimos justicia para ellas, ellos y sus familias. ¡No más periodistas asesinados! ¡No más periodistas desaparecidos!
En el caso concreto de Yucatán, exigimos justicia para las y los colegas que han sido víctimas de agresiones y amenazas por su labor periodística.
Exigimos que se esclarezca el intento de homicidio del periodista Jaime Vargas, cuyo caso ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía estatal y la federal; así como las agresiones cometidas contra el fotoperiodista Ramón Celis, ambas ocurridas durante este primer mes del año.
Sin embargo, también solicitamos se brinde justicia y protección a todas las compañeras y los compañeros que han sido víctimas de violencia, acoso, hostigamiento o amenazas por su labor.