MÉRIDA, YUCATÁN, 19/05/2021. En la Sesión Ordinaria de este miércoles del Congreso de Yucatán, el diputado Felipe Cervera, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en materia de terapias de conversión, esto con el fin de implementar políticas públicas que inhiban este tipo de prácticas, así como perseguir y sancionar a quienes las realicen, también a quienes ofrezcan estos servicios, pero sobre todo, proteger a las personas que pudieren ser víctimas o bien, detectarlas para poder garantizarles una reparación del daño que hubieren sufrido.
Durante su intervención en Asuntos Generales, el diputado subrayó que la propuesta busca proteger a las personas de cualquier acción que implique ejercer presión física, moral, emocional y psicológica para suprimir o negar su orientación sexual, por tratarse a todas luces de un hecho discriminatorio, incluso violatorios de los derechos humanos, toda vez que tales sesiones o terapias que ofrecen una opción de cambio de una condición legítima, como la homosexualidad y demás orientaciones del ser humano, van en contra de la ciencia médica y psicológica promoviendo prejuicios y estigmatización.
“No se trata de penalizar a quien quiera someterse a algún tipo de terapia, se trata de penalizar a quienes quieran promover la existencia de terapias que no son reconocidas como tal por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y por la ciencia médica como tal, se trata de evitar que cualquier persona basándose en creencias religiosas personales o lo que fuere, esté sometiendo en este caso principalmente a menores de edad o personas con algún tipo de incapacidad a estos casos”, enfatizó.
Expresó, que esta iniciativa se ha trabajado desde hace varios meses y, aunque no se tiene registros de denuncias recientes, en Yucatán, sí es un hecho que en otros estados de la República se presentan estas terapias; “por lo que, si las hay en Yucatán, poder frenarlas y penalizarlas, y si no las hay, dejar muy en claro que la entidad no es tierra fértil para que estas puedan asentarse”.
En temas similares, la diputada Kathia Bolio Pinelo, recordó que el 17 de Mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, para lo cual solicitó que se siga legislando y se garanticen todos los derechos civiles, políticos y humanos, así como de acceso a una vida libre de violencia de las personas que viven dentro de la comunidad LGBtQI+.
“Sin discriminar a nadie por su orientación sexual, preferencia sexual, identidad o rol de género”, señaló.
Manifestó, que México ocupa el segundo lugar en el mundo en crímenes por homofobia, solamente debajo de Brasil, y siete de cada 10 personas son discriminadas por su orientación sexual, por lo que recalcó su llamado a la inclusión y no discriminación.
Reformas Constitucionales
La Sesión Ordinaria inició con un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Mario Enrique Aguilar y Aguilar, quien fuera diputado de la XLIX Legislatura del Congreso de Yucatán; además se realizó la toma de compromiso constitucional a José Carlos Vargas Jiménez como Contralor Interno del Congreso del Estado, por un periodo de hasta cuatro años.
Así mismo, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad cuatro dictámenes que reforman la Constitución Política de Yucatán, en materia de Cabildo Abierto, Órganos de Control Municipales y Armonización de la Cuenta Pública.
Así mismo, agregó, en materia de armonización del proceso de fiscalización de la cuenta pública, tiene el objetivo de establecer que la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado, a más tardar el 30 de abril del año siguiente.
Por el contrario, a propuesta del diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, se regresó a la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen para la reforma constitucional en materia de rendición del informe del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán.
El legislador expuso que existen dos lapsos de tiempo los cuales no precisan ni establecen fecha para el informe, y solo se hace referencia a dos meses, “es decir, en un primer momento el mes de febrero, y seguidamente, el mes de marzo”; además, continuó, el decreto carece de certeza, e incluso puede considerarse ambiguo, pues no contiene la exactitud que por jerarquía normativa debería introducirse en la Constitución Política local.
