>>>En el Congreso se presenta iniciativa para proteger los derechos de quienes dependen de una pensión alimenticia.
>>>También iniciativas referentes a la protección del agua subterránea, sobre la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana del Estado, en materia de licencias de manejo y para el fomento y apoyo a mujeres.
A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 03/04/2025. —El diputado y presidente del Congreso, Wilmer Monforte Marfil, presentó una iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de Yucatán, en materia de protección efectiva y acceso real a la justicia para las víctimas que dependen de una pensión alimenticia, principalmente amas de casa, niñas, niños y adolescentes.
Monforte Marfil expresó que la pensión alimenticia es un derecho fundamental que garantiza el bienestar, desarrollo integral y una vida digna para quienes dependen de ella. Sin embargo, su cumplimiento depende en gran parte de la voluntad de las personas obligadas a brindarla, lo que coloca en una situación de desventaja a quienes deben recibirla cuando se evade dicha responsabilidad.
“A nombre de las y los legisladores de la 4T, siendo coherentes con el compromiso que tenemos con la gente, proponemos reformar, el segundo párrafo del artículo 221 del Código Penal, debido a que no cumple con los estándares constitucionales ni convencionales, pues afecta el derecho de acceso a una verdadera justicia y la reparación integral del daño que les debería corresponder, esto, para evitar seguir generando impunidad y perpetuar la violencia económica hacia la familia”, puntualizó.
Como parte de la presentación de iniciativas durante la Sesión Ordinaria de este miércoles 2 de abril, el diputado Eric Edgardo Quijano González propuso una iniciativa para modificar el decreto que expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, ambas del estado, con el objeto de prorrogar su vigencia dentro de un año, y con esta prórroga de plazo poder prever todas las adecuaciones necesarias que posibiliten su creación y adecuado funcionamiento para el que fue creado.
“Esta Procuraduría, a través de diversas reformas tanto a leyes secundarias como a la Constitución local fue creada como un Organismo Público Descentralizado, cuyo objeto es la protección, preservación, restauración del ambiente y el equilibrio ecológico en Yucatán, así como la defensa de los derechos de las personas en el Estado a disfrutar de un ambiente sano, y la utilización adecuada del territorio y los recursos naturales, a través de la promoción y vigilancia de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial”, explicó.
El legislador Quijano González agregó que: “sin embargo, su objeto, así como su funcionamiento no ha sido posible de concretarse, esto debido a que en su creación no se previeron las adecuaciones presupuestales, financieras, así como de los bienes y recursos humanos y materiales para tal efecto”.
Posteriormente, el diputado Wilber Dzul Canul (MORENA) presentó una iniciativa para reformar el artículo primero de la Ley del Medio Ambiente del Estado de Yucatán, a fin de fortalecer el marco normativo sentando las bases para una política ambiental más eficiente y justa.
“Yucatán es una tierra de riqueza natural invaluable, con un manto freático que abastece de agua a nuestras comunidades y una biodiversidad que nos distingue. Sin embargo, esta riqueza está en peligro. La contaminación del agua subterránea, la deficiente gestión de residuos y la falta de mecanismos efectivos de control nos exigen actuar con determinación”, dijo.
“Este es nuestro momento de demostrar responsabilidad y compromiso con Yucatán. Tenemos la oportunidad de garantizar un mejor futuro para nuestras familias, para nuestras comunidades y para nuestro entorno”, puntualizó.
