A.R.
MÉRIDA, YUCATÁN, 11/08/2024. —Sin ser publicado en el Diario Oficial de Yucatán, continua la acción de inconstitucionalidad de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), y solo quedan algunas semanas del actual Poder Ejecutivo.
El Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial, encabezado por Luisa Inés Martín Puc, fue una de las organizaciones que más fuerte se quejaron y promovieron acciones jurídicas contra las reformas en la materia que fueron promovidas por el actual gobernador Mauricio Vila Dosal y que el Congreso de Yucatán, fueron aprobadas sin cambiarle “ni una coma” por mayoría de los diputados del PAN y sus aliados.
De acuerdo con los antecedentes, la acción de inconstitucionalidad marcada con el número 118/2022 y su acumulado 121/2022, fueron notificadas el 13 de junio del presente año al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y en la notificación se declara la invalidez de diversos ordenamientos legales de la mencionada nueva ley del ISSTEY.
“Sexto. Las declaratorias de invalidez decretadas surtirán sus efectos a partir de las notificaciones de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán, dando lugar a la reviviscencia de los artículos 61, 63 y 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinador y Descentralizados de Carácter Estatal, abrogada mediante el referido Decreto 532/2022”, dice parte de la notificación.
Sin embargo, los trabajadores esperan que sea publicado a la brevedad en el Diario Oficial, pues, el actual gobernador, simplemente ignora el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
“Séptimo, Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”, dice el documento y el número de la acción inconstitucionalidad 118/2022 y no aparece publicada.
Sin embargo, la propia resolución de la SCJN, señala que la declaratoria de invalidez surtirá de efectos a partir de la notificación de dichos puntos resolutivos al Congreso de Yucatán.
El Sindicato Progresista advierte que en el cambio de administración pudiera revelarse más acciones legales que perjudican a la sociedad yucateca para favorecer a un sector ligado al poder.
FOTOS: ALEJANDRO RUVALCABA.
