MÉRIDA, 23/05/2022. -En Yucatán, el periodismo y la libertad de expresión están en riesgo. En los últimos años se han registrado ataques desde el Estado y el sector empresarial contra trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación, con el único objetivo de censurar su labor de fiscalizar al poder.
Uno de los mecanismos que ha empleado el Estado es el hostigamiento judicial, lo cual ha logrado gracias a leyes violatorias de derechos humanos, como el artículo 295 del Código Penal del Estado de Yucatán, el cual establece penas de tres días a dos años de prisión, o de 20 a 200 días multa por el delito de difamación.
Dicha norma, que es obsoleta ya que los llamados “delitos contra el honor” ya fueron eliminados del Código Penal Federal desde el 2007, contradice lo estipulado por organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en materia de libertad de expresión.
A las y los periodistas de Yucatán nos resulta particularmente preocupante no solo que la difamación siga establecida como un delito en el Código Penal local, sino que cada vez ocurran más denuncias contra comunicadoras y comunicadores para obstaculizar su labor periodística.
En los últimos dos años se han registrado 16 casos. En octubre del 2020, la organización Artículo 19 denunció que el periodista Félix Bigman y la periodista Maru Luján fueron víctimas de hostigamiento judicial por publicar notas relativas a la revocación de la jubilación de la ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), notas de interés público por tratarse de posibles actos de corrupción.
En 2021, la periodista Beatriz Vera May, directora del medio de comunicación “Noticias y más Motul con Bety Vera”, fue denunciada penalmente por un funcionario del Ayuntamiento de esa localidad, por unas publicaciones que escribió en las redes sociales en las que lo hacía responsable de diversas agresiones de las que fue objeto.
La denuncia en su contra prosperó y al poco tiempo fue vinculada a proceso, sin que la abogada dispuesta por el Instituto de Defensoría Pública de Yucatán le brindara el apoyo legal que requería.
En una audiencia judicial, la afectada llegó a un acuerdo con la parte denunciante, por lo que éste retiró la denuncia penal y prometió poner fin al hostigamiento en su contra.
En septiembre del 2021, la periodista Katia Rejón, directora de la revista “Memorias de Nómada”, recibió la notificación de una denuncia de difamación presentada en su contra por el gestor cultural Ricardo Tatto, aparentemente por haber firmado un pronunciamiento llamado “Manifiesto por una cultura libre de violencia”, en el que lo señalaron de ser violentador de mujeres.
En enero de este año, el periodista Roberto López Méndez, director del portal “Noticias Prohibidas MX” fue víctima de hostigamiento por parte de la Policía Estatal de Investigación (PEI), tras la publicación de su libro “Cártel político secuestró a Morena”.
El pasado 11 de abril , a través de un oficio de la Fiscalía General del Estado (FGE), se informó que la Jueza de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, Beatriz Bonilla González, ordenó a los medios de comunicación “Cambio del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticias al Punto”, “Yucatán al Segundo” y la “Noticia Ciudadana” eliminar las notas relativas a la revocación de la jubilación de la ciudadana Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), notas de interés público por tratarse de posibles actos de corrupción.
En dicho documento también se agrega que dichos medios debían cumplir la orden en un plazo de 24 horas contadas a partir de haber recibido el oficio, o de lo contrario, se harían acreedores de una de las sanciones estipuladas en el Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales se encuentran una amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto por 36 horas. Sin embargo, en el oficio no se justifica por qué se impone tal medida.
Cinco días más tarde, el director del portal noticioso “Infolliteras” (www.infolliteras.com), Eduardo Lliteras, fue notificado de una demanda en su contra radicada en el Juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue presentada por un reconocido abogado, por presunto daño moral, tras la publicación de una nota que compartía información enviada por el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida en la que se acusa al ex funcionario de despojo de tierras, así como del robo de un bulto con dinero y documentación de los ejidatarios de Samahil.
En ese caso, el ex subprocurador exige el retiro de la nota y el pago de medio millón de pesos, más los costos del proceso judicial. En el documento de la demanda, consta que el ex funcionario también demandó a los medios “La Jornada Maya”, “Presidio”, “Lector MX” y “Rompecabezas”.
Ante estos hechos violatorios de derechos humanos, el pasado 16 de febrero presentamos una solicitud formal ante el Congreso del Estado para eliminar del Código Penal Local el delito de difamación, precisamente por tratarse de una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística, particularmente la de aquellas y aquellos encargados de investigar temas de corrupción, despojo de tierras y defensa del territorio.
No podemos permitir que periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos sean víctimas de hostigamiento judicial. El Congreso prometió que presentaría la iniciativa antes de que concluyera el presente período ordinario de sesiones, pero hasta ahora no lo ha hecho y el calendario sigue avanzando.
Exigimos que, más que cumplir su promesa, cumpla con su trabajo y se encargue de promover las reformas necesarias para que en Yucatán dejen de violarse los derechos humanos. También exigimos al Estado detener el hostigamiento judicial contra las y los periodistas.
AGRESIONES
En Yucatán también se violenta, agrede y hostiga a periodistas, situación que pone en peligro su integridad física y su vida. Vemos con preocupación que las agresiones en contra de nuestros colegas han aumentado en estos primeros meses del año.
- El pasado 6 de enero, el fotoperiodista del Diario de Yucatán, Ramón Celis, fue violentado por un vigilante y un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando documentaba en video y fotografía las quejas de derechohabientes.
- Al comunicador lo golpearon, le gritaron y le intentaron quitar su cámara fotográfica, actos violentos perpetrados por dichos empleados de la Clínica 56 del IMSS.
- En la noche del pasado 18 de enero, el periodista Jaime Vargas, director del portal El Tizón, fue atacado con un arma blanca en su propia vivienda por un individuo que ingresó sin autorización. El comunicador no lo conocía y no quedaron claras las razones por las que intentó asesinarlo.
Con el apoyo de su familia, Jaime Vargas pudo salvarse y detener al agresor, pero presentó cuatro heridas: en el cuello, en la cabeza y en el área abdominal. El proceso penal sigue abierto, sin embargo, el atacante está libre.
- El pasado 5 de mayo, un sujeto presuntamente armado llegó a la puerta de la vivienda del periodista de Motul, Jorge Cauich, para amenazarlo e intimidarlo.
Dicha persona se hizo pasar por un agente ministerial y durante largo tiempo estuvo parado en frente de la casa del comunicador con la intención de amedrentarlo e incluso hubo un forcejeo entre ambos.
Finalmente fue arrestado por la Secretaría de Seguridad Pública y se averiguó que anteriormente se desempeñaba como funcionario en la Policía Municipal de dicha localidad.
- El 9 de mayo, la periodista Maru Luján sufrió una agresión en Progreso por parte del ex alcalde de Kanasín, Carlos Manuel Moreno Magaña, quien actualmente es funcionario de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal.
La comunicadora, quien es directora del medio Noticias Al Punto, relató que los hechos ocurrieron cuando se encontraba cubriendo la verificación del padrón de pesca y acuacultura para el programa federal Bienpesca.
Al intentar entrevistar al excandidato de Morena sobre unas irregularidades en el proceso de inscripción de los pescadores, éste la jaló, la tomó del brazo derecho y le apretó el antebrazo para posteriormente sacarla del lugar.
- El pasado 18 de mayo, el periodista Ramón Reyna, del portal de noticias el Sol del Poniente, acudió al Palacio Municipal de Kinchil para documentar desde afuera cómo los agentes de la Policía Municipal resguardaban el vehículo del alcalde Valentín Pech, quien momentos había protagonizado un siniestro vial en las calles de esa localidad.
Fue entonces que una mujer policía, al percatarse de la presencia del comunicador, tomó dos piedras y se las lanzó para agredirlo, por lo que él optó por alejarse para evitar daños a su integridad física o que sea arrestado.
Pero no son las únicas agresiones ocurridas en Yucatán. También condenamos las violencias, intimidaciones y detenciones arbitrarias de las que fue víctima nuestro compañero Erick Manzanilla Gómez, director del portal Presidio MX.
- Durante el 2021, el comunicador y su familia sufrieron constantes agravios por la parte de la Policía Estatal, incluidas amenazas a través de llamadas telefónicas, persecuciones y privaciones ilegales de la libertad.
- También recordamos que nuestros compañeros David Rico y Alejandro Ruvalcaba, fueron agredidos física y verbalmente en marzo del 2020 por integrantes de la Sección VI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), al parecer por órdenes del secretario general, José Pedro Abraham Pech.
Ambos comunicadores acudieron a las instalaciones de dicho gremio en busca de información sobre el desabasto de insumos que sufrían los trabajadores de IMSS en la pandemia de Covid-19, cuando de pronto recibieron golpes y empujones por parte de los sindicalizados, quienes argumentaron que su dirigente “no daba entrevistas”.
Estos son algunos casos de las violencias registradas en Yucatán en contra de periodistas, pero sabemos que han ocurrido otras en municipios del interior del estado en años anteriores. Lo peligroso es que en ocasiones son perpetrados por las propias autoridades y sus corporaciones policiacas.
Por tal razón, hacemos un nuevo llamado a detener las agresiones en contra de las y los comunicadores, y que se generen las condiciones adecuadas para garantizar su protección y se sancione a los responsables.
