A.R.
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MÉRIDA, 23/03/2022. -En busca de la justicia, valorar más el trabajo y esfuerzo de miles de campesinos que son afectados por el robo de semillas o frutos, el diputado del sur de Yucatán, Raúl Romero Chel, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado.
En la tribuna del Poder Legislativo, explicó que ante el hurto de semillas, frutos, cultivos o productos agrícolas y citrícolas, se deben adicionar la fracción XIV al artículo 335 del citado código.
“Como legisladores, atentos a las necesidades actuales de las y los productores de Yucatán, quienes se dedican al cultivo agrícola, particularmente a la industria citrícola que está siendo afectada, nos posicionamos con la firme determinación de emprender acciones para salvaguardar estas necesidades.
Es necesario, continuó, tipificar en el Código Penal para que sea sancionada; ya que la referida conducta produce un gran daño a los productores agrícolas en el estado y por consiguiente a la sociedad en general.
Romero Chel, explicó que la gente que se dedica a sembrar la tierra, son agentes fundamentales en la seguridad alimentaria de los yucatecos, sin embargo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desprotección, puesto que en el estado, los cultivos se realizan a campo abierto por lo que las medidas para asegurar la integridad de los mismos pueden llegar a ser insuficientes para protegerlos.
“Al respecto, cabe destacar que nuestro Código Penal no contempla disposiciones relativas a sancionar la conducta típica de robo cuando se cometa sobre los frutos de la actividad agrícola, esto sin importar el valor de lo robado”, dijo el diputado originario de Oxkutzcab.
Detalló que el hurto afecta a los campesinos y repercute en la en la economía local, ya que hay municipios en el interior del Estado cuya principal actividad económica es la agricultura, tal es el caso de Oxkutzcab, Dzan, Akil y Tekax por mencionar algunos.
“Es por eso que resulta pertinente que pongamos nuestro empeño en actualizar las conductas penales a las circunstancias que vive en la actualidad nuestra sociedad; razón por la cual (…) proponemos que se incremente la pena de uno a cinco años independientemente del valor de lo robado, lo anterior en aras de conservar la economía de los productores yucatecos”, dijo Romero Chel.
